(www.prensalatina.com.mx).- La Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) de Perú demandó hoy la libertad de ocho campesinos detenidos por su supuesta participación en una emboscada con ocho muertos y aseguró que son inocentes.
El director ejecutivo de esa institución, Miguel Jugo, dijo que los presos no participaron en el ataque del pasado día 16, en el que murieron cinco policías y dos civiles en la zona selvática de la región central de Ayacucho.
Argumentó que la inocencia de los campesinos quedó en evidencia tras los primeros interrogatorios a los que fueron sometidos por la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote). Al ser detenidos, estos se encontraban circunstancialmente en la localidad de Ramadilla.
Según la Policía, los labriegos fueron capturados cuando pasaban por esa zona rumbo a una intrincada área selvática que sirve de refugio a remanentes del grupo armado Sendero Luminoso.
La versión oficial sostiene que los arrestados portaban armas, aunque la prensa informó que no tienen residuos de pólvora en las manos, lo que evidencia que no habían disparado.
"Sólo tenían escopetas, de uso común en la zona", señaló Jugo, quien añadió que la propia Dircote investiga la posibilidad de que los detenidos sean colaboradores de narcotraficantes, al haberse descartado que sean insurgentes.
Entretanto, sigue sin reportarse otros resultados de una vasta operación de persecución del grupo atacante, a cargo de al menos 600 soldados y policías, lanzada tras la emboscada.
El director ejecutivo de la Asociación Paz y Esperanza de Ayacucho, Germán Vargas, declaró que las autoridades no solamente deben liberar a los ocho presos, sino desagraviarlos públicamente.
Vargas comentó que hubo apresuramiento oficial para presentarlos como responsables del ataque antes de investigarlos. "Exigimos que, así como se dijo que eran culpables, ahora se reconozca públicamente su inocencia", expresó.
El activista humanitario hizo un llamado a impedir que retorne la práctica de las detenciones arbitrarias de la década pasada, cuando decenas de miles de inocentes fueron injustamente encarcelados.
Esas detenciones se registraron principalmente bajo el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000), acusado de crímenes de lesa humanidad en la campaña contrainsurgente, como matanzas y desapariciones.
Por su parte, autoridades del Congreso peruano confirmaron que en enero próximo el poder legislativo comenzará a debatir un proyecto gubernamental para establecer la pena de muerte como sanción a los acusados de terrorismo.
El proyecto es cuestionado por organizaciones de derechos humanos, según las cuales Perú ha firmado compromisos internacionales que le impiden aplicar la medida.
