(www.elcomercioperu.com.pe).- El ex canciller Manuel Rodríguez Cuadros y dirigentes de Perú Posible cuestionaron la acusación constitucional contra el ex mandatario Alejandro Toledo por el allanamiento de su gobierno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso Castro Castro.
En declaraciones a los periodistas, recogidas por la agencia Andina, Rodríguez Cuadros dijo que esa decisión es una "práctica democrática" en los países de la región, y argumentó que su acatamiento parcial solo busca juzgar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos en ese delito cometido en el penal Castro Castro en 1992.
Según el ex canciller, el actual gobierno "no ha dicho la verdad" en este caso y sostuvo que el régimen de Alberto Fujimori debió presentar un recurso de excepción de no agotamiento de las instancias de jurisdicción interna dentro del plazo establecido por la CIDH.
Anotó que este recurso debió presentarse en junio de 1992 cuando estaba en el poder Fujimori y no Alejandro Toledo.
A su vez, el ex presidente del Congreso, Carlos Ferrero, insistió en denunciar que Toledo es víctima de una persecución política impulsada por el Partido Aprista Peruano.
"En cinco meses del gobierno de García, el ex presidente Toledo ha recibido 16 demandas, procesos, acusaciones promovidas por la bancada aprista. Si eso no es persecución política, ¿qué es eso?", se preguntó.
De otro lado, el ex ministro de Trabajo, Juan Sheput, consideró que la actitud de Toledo dignifica al Estado peruano en el caso del penal Castro Castro, porque solo se allanó a las disposiciones dictadas por este organismo en la defensa de los derechos humanos.
Por su parte, Alberto Borea, abogado de Toledo, refirió que el ex mandatario, en el peor de los casos, ha cometido una infracción a un decreto ley, y por ello, no puede ser acusado constitucionalmente.
Según explicó, al ex gobernante se le acusa de incumplir el decreto ley 17537 promulgado el 25 de marzo de 1969, durante el gobierno militar del general Juan Velasco Alvarado.
"Este es un decreto preconstitucional porque fue promulgado antes de la Constitución de 1979. Entonces, los supuestos jurídicos de este decreto ley no son aplicables al caso que se está viendo", acotó.
